La estabilidad de la élite gobernante estuvo permanentemente amenazada por las sublevaciones indígenas. Esta fue una constante en todo el ciclo oligárquico que tuvo, en la década de los años veinte, manifestaciones muy significativas.
El primer caso fue el de Jesús de Machaca. Si bien el trasfondo fue la situación de explotación y expoliación de tierras, el móvil fue el abuso sostenido del corregidor del pueblo Luis Estrada. Los líderes de la sublevación fueron Faustino y Marcelino Llanque que lograron movilizar tres o cuatro mil aimaras. Es de destacar el hecho de que los Llanque eran maestros (preceptores) rurales, educados para impartir enseñanza a los indios de la región. El 12 de marzo de 1921 asaltaron el pueblo, quemaron sus principales casas y terminaron por asesinar a Estrada, su familia y otros trece vecinos, a los que apedrearon y quemaron. La reacción del gobierno no se hizo esperar. Saavedra envió un destacamento militar de 1.500 hombres al mando del Cnel. Vitaliano Ledezma.
La acción represiva incluyó el asesinato de un número no determinado de comunarios, incluidas mujeres y niños, incendio de casi 130 casas, robo de más de mil cabezas de ganado de distinto tipo y apresamiento de varios sublevados entre ellos los hermanos Llanque, que fueron condenados a diez años de cárcel y uno de ellos a la pena capital (muerte). Varios ayllus de la región que habían participado en la sublevación quedaron tan seriamente afectados por la hecatombe, que en los meses posteriores se produjo una éxodo significativo, dejando la zona que había sido arrasada por las tropas.
Pero el levantamiento de mayor envergadura fue el de Chayanta en 1927 que afectó a los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Oruro y La Paz. Como siempre, los malos tratos, cobros excesivos o ilegales, la amenaza sobre las tierras de comunidad y la extensión del servicio obligatorio de los nuevos colonos, fueron elementos para la sublevación que se inició el 25 de Julio cié 1927 en Ocurí. Miles de indios se desplegaron en las serranías de Chayanta y en varias provincias de los tres departamentos, armados con hondas, piedras y algunas armas de fuego.
Tal fue la magnitud de las acciones indígenas que el movimiento duró más de dos meses, forzó a la movilización de varias unidades del ejército que desbarató y derrotó con dificultades a las masas sublevadas. Quizás la diferencia notable sea la actitud del Presidente Siles que, en octubre de 1927, amnistió a los responsables del levantamiento que habían sido detenidos, rompiendo la tradición de prisión, vejación y muerte para los alzados que había sido la característica de sus predecesores en el poder.
La masacre minera de Uncía en 1923
Para entender el problema de los trabajadores de la gran minería del estaño, se debe saber que, hasta las leyes mencionadas, carecían en absoluto de una legislación que los amparase, así como de medidas mínimas de seguridad industrial. Si bien es cierto que las grandes empresas contaban con una infraestructura importante en el sector médico, educativo y recreativo que el país no había conocido nunca en centros de trabajo (hospitales totalmente equipados, escuelas y áreas deportivas), las condiciones de trabajo eran francamente brutales. Las "puntas" de trabajo en interior mina duraban más de las ocho horas en que se reglamentaron con Saavedra. Los socavones estaban bajo tierra a temperaturas altísimas, saturados del polvo de las perforaciones. El esfuerzo físico era muy grande, no sólo por los pesos que se cargaban sino por la escasez de oxígeno en las galerías sumada a la altura promedio de las montañas mineras (más de 4.000 mts. s.n.m.). El resultado era una esperanza de vida por debajo de los 35 años, tuberculosis y silicosis como enfermedades crónicas de los trabajadores y mutilaciones y muertes frecuentes por accidente.
Los primeros conflictos en la minería comenzaron con el siglo. Hay referencias de confrontaciones o huelgas en 1904 en Huanchaca y en 1918 en La Salvadora y Pulacayo.
Pero fue en Uncía donde se produjo el hecho más grave que los mineros tomaron como punto de partida de su lucha sindical. Uncía era el centro minero más moderno y equipado de Patiño, contaba con unos 10.000 habitantes. El I2 de Mayo de 1923, se unieron las federaciones de Llallagua y La Salvadora, creando la Federación Obrera Central de Uncía, liderizada por Guillermo Gamarra y Ernesto Fernández. A mediados de mayo exigieron la destitución del gerente Emilio Díaz de nacionalidad chilena, por abusos permanentes y limitaciones al trabajo sindical.
Ni la empresa ni el gobierno oyeron los pedidos. Se decretó el estado de sitio y cuatro unidades del ejército llegaron a Uncía. En medio de las negociaciones, los dirigentes Gamarra y Rivera fueron apresados. La población se reunió en la plaza principal exigiendo la libertad de los presos y al anochecer el exasperado mayor José V. Ayoroa disparó y ordenó disparar contra la multitud, el saldo fueron nueve muertos y cinco heridos de consideración. La masacre enardeció ánimos y la pacificación requirió varios días. Más allá de los resultados inmediatos, el movimiento y masacre de Uncía abrió una brecha en las reivindicaciones obreras bolivianas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario